Registro de Vándalos: Gonzalo Hoyl advierte desafíos de proporcionalidad en el proyecto
El debate sobre el denominado Registro de Vándalos abrió una discusión relevante en materia penal y constitucional: hasta qué punto el Estado puede establecer consecuencias legales adicionales para determinadas conductas sin afectar principios como la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la coherencia del sistema sancionatorio.
En una nota publicada por La Tercera, el abogado penalista Gonzalo Hoyl, académico de la Universidad de los Andes y socio de Defensa Privada, fue consultado respecto de los principales desafíos jurídicos que plantea esta iniciativa.
Proporcionalidad penal e igualdad ante la ley
Uno de los aspectos más delicados de este tipo de iniciativas es evitar que sanciones accesorias o inhabilidades legales terminen funcionando, en la práctica, como una pena adicional desproporcionada.
El Derecho Penal no solo busca sancionar conductas, sino hacerlo dentro de límites definidos por la ley, la Constitución y los principios básicos del debido proceso. Por eso, cualquier consecuencia posterior a una condena o infracción debe ser evaluada con cuidado.
Si el registro incluye conductas de diferente gravedad, pero aplica consecuencias equivalentes, puede abrirse una discusión sobre igualdad ante la ley. Del mismo modo, si ciertos delitos quedan incluidos y otros de similar o mayor gravedad quedan fuera, el diseño normativo podría ser cuestionado por falta de coherencia.
El riesgo de ampliar excesivamente las consecuencias
Otro punto relevante es distinguir entre una sanción penal principal, una sanción accesoria y una inhabilidad legal temporal.
Aunque estas figuras pueden parecer similares para la ciudadanía, jurídicamente no son lo mismo. Una cosa es imponer una pena por un delito y otra distinta es establecer efectos adicionales que limiten el acceso a beneficios, documentos, permisos o derechos una vez cumplida o determinada la sanción principal.
Mientras más amplias sean las consecuencias del registro, mayor será la necesidad de justificar su razonabilidad. En materia penal, la respuesta del Estado debe ser precisa, fundada y proporcional al hecho cometido.
Una discusión que exige técnica jurídica, no solo reacción política
El debate sobre seguridad pública suele estar marcado por la urgencia. Sin embargo, las respuestas legislativas deben resistir análisis técnico y constitucional.
Un proyecto de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente desde su intención declarada. También debe examinarse su redacción, sus efectos prácticos, su compatibilidad con el sistema penal y su capacidad real para cumplir el objetivo que persigue sin afectar garantías fundamentales.
La intervención de Gonzalo Hoyl apunta precisamente a ese punto: el diseño de una política pública en materia penal debe ser coherente con los principios que limitan el poder sancionatorio del Estado.
Defensa penal y análisis jurídico especializado
En temas penales complejos, especialmente cuando se discuten nuevas figuras, registros, sanciones accesorias o efectos legales posteriores, resulta clave contar con una mirada técnica.
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Fuente: La Tercera.
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