Gonzalo Hoyl analiza las posibles implicancias penales del caso de la ministra Rosa Aguirre
El abogado penalista y académico de la Universidad de los Andes abordó en La Tercera las eventuales responsabilidades derivadas de la delegación de la redacción de fallos judiciales, advirtiendo que es necesario distinguir entre infracciones disciplinarias y conductas que puedan constituir delitos.
La situación que involucra a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, abrió un debate sobre los límites de la función jurisdiccional y las eventuales responsabilidades que podrían derivarse de la contratación de una abogada externa para redactar resoluciones judiciales.
El caso fue abordado por La Tercera en una publicación del 4 de noviembre de 2026, que recogió las opiniones de distintos especialistas en derecho sobre las posibles consecuencias jurídicas de estos antecedentes.
En este contexto, Gonzalo Hoyl, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, entregó su análisis sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de determinar si existieron conductas que pudieran tener relevancia penal.
La función jurisdiccional y su carácter indelegable
Uno de los aspectos centrales de la discusión es el carácter personal e indelegable de la función de administrar justicia.
Al respecto, Gonzalo Hoyl sostuvo que los antecedentes conocidos son graves, debido a que podrían comprometer el ejercicio de una función que corresponde exclusivamente a los integrantes del Poder Judicial.
Sin embargo, el abogado hizo una distinción relevante respecto de las posibles responsabilidades involucradas. No todas las infracciones asociadas al ejercicio de un cargo judicial tienen necesariamente naturaleza penal, ya que también pueden existir consecuencias de carácter disciplinario.
Esta distinción resulta fundamental para analizar jurídicamente situaciones que pueden generar cuestionamientos sobre el correcto funcionamiento de las instituciones judiciales.
¿Cuándo una irregularidad puede constituir un delito?
En su intervención, Hoyl enfatizó que para determinar la existencia de eventuales responsabilidades penales es necesario esclarecer las circunstancias concretas en que ocurrieron los hechos.
En particular, señaló que se debe establecer qué funciones ejercía realmente la abogada externa, cuál fue la intervención de la ministra y si existieron resoluciones específicas que pudieran constituir delito.
De esta manera, el análisis penal no puede limitarse a constatar una eventual irregularidad administrativa o disciplinaria, sino que requiere determinar si los hechos cumplen los elementos exigidos por una figura delictiva contemplada en la legislación.
La distinción es especialmente importante en el ámbito judicial, donde las responsabilidades penales deben establecerse conforme a los requisitos específicos de cada delito.
El rol de la Fiscalía ante eventuales antecedentes delictivos
Otro de los puntos abordados por Gonzalo Hoyl fue el papel del Ministerio Público frente a antecedentes que pudieran sugerir la comisión de un delito.
El abogado sostuvo que, si aparecen antecedentes que permitan advertir una posible conducta delictiva, corresponde que la Fiscalía investigue.
Esta posición pone de relieve la importancia de esclarecer los hechos antes de establecer responsabilidades, diferenciando las eventuales infracciones disciplinarias de aquellas conductas que podrían tener consecuencias penales.
Al momento de la publicación de La Tercera, la Fiscalía Regional de Valparaíso había informado que no existía una investigación penal abierta contra la ministra. Por su parte, el pleno de la Corte de Apelaciones había solicitado un informe para evaluar los pasos institucionales correspondientes.
Gonzalo Hoyl en el debate sobre las responsabilidades penales en el Poder Judicial
La intervención de Gonzalo Hoyl en este caso contribuye a una discusión relevante para el derecho penal y el funcionamiento de las instituciones: los límites de la responsabilidad de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y las consecuencias jurídicas de una eventual delegación de atribuciones.
Su análisis destaca la necesidad de examinar cada conducta conforme a sus características y a los requisitos establecidos por la ley, evitando confundir las responsabilidades administrativas o disciplinarias con la comisión de delitos.
La discusión también pone de manifiesto la importancia de resguardar el correcto ejercicio de la función judicial y asegurar que cualquier eventual responsabilidad sea determinada mediante los procedimientos correspondientes.
Fuente: La Tercera Online, 4 de noviembre de 2026.
Como abogado penalista y académico, Gonzalo Hoyl participa regularmente en el análisis de temas relacionados con Derecho Penal, proceso penal y litigación.
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