La propuesta de crear un Registro Oficial de Organizaciones Criminales ha abierto una discusión que va más allá de su utilidad como herramienta de seguridad: ¿qué efectos podría tener la inclusión de una organización en este registro sobre las personas investigadas por supuestamente pertenecer a ella?

Consultado por La Segunda, el abogado penalista Gonzalo Hoyl, socio fundador de Defensa Privada y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de los Andes, abordó uno de los puntos centrales de la discusión: la diferencia entre identificar una organización como criminal y acreditar penalmente la participación de una persona en ella.

Un registro no determina la responsabilidad penal

Desde el punto de vista penal, la distinción es relevante. Que una determinada organización haya sido previamente identificada o calificada como criminal puede constituir un antecedente para una investigación, pero no permite establecer automáticamente la responsabilidad de quienes sean vinculados a ella.

La prueba sigue siendo determinante

Uno de los principales alcances planteados por Hoyl es que un registro de estas características no puede reemplazar el análisis probatorio propio de un proceso penal.

La existencia previa de una organización dentro de un registro podría aportar información relevante a los organismos encargados de investigar el crimen organizado. Sin embargo, pertenecer penalmente a una organización y determinar la forma de participación de una persona exige prueba específica.

En otras palabras, la calificación de la organización no debiera trasladarse automáticamente a quienes sean relacionados con ella.

Este punto adquiere particular importancia en investigaciones complejas, donde pueden coexistir distintos niveles de participación, relaciones entre múltiples personas y antecedentes que deben analizarse individualmente.

¿Para qué podría servir un Registro de Organizaciones Criminales?

La utilidad jurídica del registro dependerá en gran medida de los efectos que finalmente se le atribuyan.

Según el análisis de Gonzalo Hoyl, podría constituir una herramienta útil para identificar estructuras criminales, sistematizar información y facilitar la coordinación entre distintas instituciones del Estado.

El problema cambia si la incorporación de una organización al registro produce consecuencias directas sobre la responsabilidad penal de una persona.

Ahí aparece una diferencia esencial: una cosa es utilizar información para orientar o apoyar una investigación y otra es utilizar esa calificación como sustituto de la prueba que debe producirse dentro del proceso penal.

Crimen organizado y garantías del proceso penal

La discusión sobre el Registro Oficial de Organizaciones Criminales refleja un desafío cada vez más presente en el Derecho Penal: desarrollar instrumentos destinados a enfrentar fenómenos delictivos complejos sin alterar las garantías que rigen la persecución penal.

En este contexto, el análisis de Gonzalo Hoyl pone el foco en un principio fundamental: la responsabilidad penal debe establecerse respecto de cada persona y de acuerdo con su participación concreta en los hechos investigados.

La existencia de información previa sobre una determinada organización puede ser relevante, pero no elimina la necesidad de acreditar los hechos, la pertenencia y la participación mediante los antecedentes correspondientes.

Se trata de una distinción especialmente relevante frente al avance de nuevas herramientas destinadas a combatir el crimen organizado y sus posibles consecuencias dentro del proceso penal.