Gonzalo Hoyl aborda regulación de honorarios de abogados en causas de narcotráfico
El abogado penalista Gonzalo Hoyl analizó en La Segunda el proyecto de ley que busca establecer mecanismos de trazabilidad para los honorarios pagados a abogados defensores en causas vinculadas a la Ley 20.000, destacando la necesidad de combatir el lavado de activos sin afectar el derecho a defensa ni el ejercicio legítimo de la profesión.
El debate sobre la regulación de los pagos a abogados que intervienen en causas de narcotráfico volvió a tomar relevancia pública a raíz de investigaciones recientes vinculadas al crimen organizado.
En este contexto, La Segunda abordó el proyecto de ley que busca establecer mayores controles sobre los honorarios percibidos por abogados particulares que representan a imputados por delitos contemplados en la Ley 20.000, iniciativa que actualmente continúa su tramitación legislativa en el Senado.
Trazabilidad de los honorarios en causas por Ley 20.000
La iniciativa establece que los abogados que intervengan como patrocinantes, apoderados o mandatarios en este tipo de procedimientos deberán recibir sus honorarios mediante sistemas de pago distintos al dinero en efectivo.
Entre los mecanismos contemplados se encuentran transferencias electrónicas, cheques, vale vista, tarjetas y otros medios que permitan dejar registro de la operación. El objetivo declarado del proyecto es facilitar la trazabilidad de los recursos y contribuir a la prevención del lavado de activos.
Gonzalo Hoyl: perseguir el dinero ilícito sin criminalizar la defensa penal
Consultado por La Segunda, Gonzalo Hoyl, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, sostuvo que la trazabilidad del dinero puede constituir una herramienta legítima para enfrentar el lavado de activos.
Hoyl planteó, sin embargo, que debe existir una distinción clara entre el ejercicio de la defensa penal y la eventual participación de un profesional en actividades ilícitas.
“Una cosa es ejercer legítimamente la defensa penal y recibir honorarios por ello, y otra distinta es utilizar la profesión para lavar dinero o participar de una organización criminal”.
El abogado también advirtió sobre el uso generalizado de expresiones como “narcoabogados”, señalando que representar jurídicamente a una persona investigada o acusada por narcotráfico no convierte al defensor en partícipe de ese delito.
Derecho a defensa, secreto profesional e independencia del abogado
Uno de los puntos relevantes del debate es compatibilizar los mecanismos de control financiero con garantías esenciales del ejercicio profesional.
Sobre este aspecto, Hoyl señaló que una regulación destinada a aumentar la trazabilidad de los pagos puede representar un avance siempre que no afecte elementos como el secreto profesional, la independencia del abogado y el derecho a defensa.
La discusión resulta especialmente relevante en materia penal, donde el derecho de toda persona imputada a contar con representación jurídica constituye una garantía esencial del debido proceso, independientemente de la naturaleza o gravedad del delito investigado.
El desafío frente al lavado de activos y el crimen organizado
El proyecto forma parte de una discusión más amplia sobre las herramientas jurídicas disponibles para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades ilícitas.
La iniciativa incorpora modificaciones a la Ley 20.000 y contempla mecanismos destinados a transparentar el pago de honorarios asociados a defensas particulares en este tipo de causas.
Para Gonzalo Hoyl, el foco debe mantenerse en distinguir correctamente ambas situaciones:
“El desafío es perseguir el dinero ilícito, no criminalizar a quien ejerce su profesión como abogado defensor”.
La discusión continuará ahora en el Senado, donde deberán analizarse tanto la efectividad de las herramientas propuestas como su compatibilidad con las garantías propias del ejercicio de la defensa penal.
Gonzalo Hoyl y el análisis de la actualidad penal
Como abogado penalista y académico, Gonzalo Hoyl participa regularmente en el análisis de temas relacionados con Derecho Penal, proceso penal y litigación.
En Defensa Privada abordamos investigaciones penales complejas desde el análisis particular de los hechos, la prueba y la responsabilidad que pueda corresponder a cada interviniente.
Fuente periodística: La Segunda.
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